Entrevista a Lucio Martínez Pereda

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, es profesor de Historia en el IES Valadares de Vigo. Investigó la retaguardia franquista durante la guerra civil española: movilización, propaganda política y depuración administrativa y estudia la movilización y politización de masas en la fase inicial de la dictadura en Galicia. [1] Su obra Medo político y control social en la retaguardia franquista fue finalista del Premio de la Crítica Galicia 2016.

1. ¿Por qué te interesaste por la historia y la represión franquistas?

Me interesé por la historia y, en particular, por la represión franquista, no por vocación exclusivamente historiográfica sino por una intuición incómoda: en España el pasado nunca acaba de pasar. No es que estuviera oculto,  es que estaba cuidadosamente administrado, dosificado en relatos oficiales y en esa pedagogía de la desmemoria que convirtió a las víctimas en murmullo casi inaudible y a los verdugos en un nota a pie de página. Además, la represión franquista no es solo un episodio histórico; contribuyó con todas sus complejas facetas a crear una estructura de poder que dejó sedimentos en la cultura política, en el lenguaje y hasta en la forma de contar críticamente el presente.

Me interesó porque cada fosa sin abrir, cada archivo no investigado  y cada equidistancia periodística  funcionaban como señales que avisaban : aquí hay algo que no se quiere contar del todo. Uno no llega a este interés solo por erudición profesional sino por sospecha. Sospecha de los consensos pulidos, de las reconciliaciones que olvidan preguntar quién tuvo que reconciliarse con qué. Investigar la represión fue, en ese sentido, una forma de romper con esa cortesía histórica que exige no incomodar a los herederos del silencio que aún ahora  continúan teniendo demasiado poder . Y luego , por último, está la dimensión moral. La motivación ética que resulta más importante. Mas que las propiamente historiográficas. No se trata de reabrir heridas- frase útil para quien nunca las sufrió— sino de entender por qué algunas nunca se cerraron.

2. ¿Qué te parece que haya jóvenes en España viendo de manera positiva el franquismo?

Que haya jóvenes en España viendo con simpatía el franquismo es muy lógico: después de décadas enseñando historia como quien reparte somníferos, o pasando de enseñarla y sustituyéndola con vídeos “entretenidos” , el resultado no podía ser otro que una generación que confunde una dictadura con un documental subtitulado. No es que estos jóvenes hayan decidido abrazar el franquismo tras una comprensión de la dictadura  es que se les ha contado un relato tan pulido que convierte la represión en un detalle técnico y la ausencia de libertades en una especie de fallo administrativo. Entre una memoria convertida en trámite burocrático, una historia real del pasado desaparecida de las aulas y una cultura pública que trata el pasado como si fuera un debate sobre gustos musicales, el franquismo acaba pareciendo una opción estética ó subjetiva  legítima.

Resulta preocupante comprobar también que a consecuencia de ello se reivindica una dictadura en nombre de la libertad de opinión. Es una paradoja que solo prospera en un país donde la historia reciente se ha gestionado como un problema de imagen y no como un problema de verdad. Cuando durante años se repite que “no hay que reabrir heridas”, lo que se consigue es que nadie sepa exactamente qué fue lo que las causó. Y entonces llega el momento en que algunos, empiezan a preguntarse si aquello era tan malo. Cuando eso sucede el primer paso ya está dado y el segundo  viene  cuando esos jóvenes caen en las estrategias de manipulación emocional usadas por las redes de ultraderecha , expertas en conocer la sentimentalidad y emocionalidad de los jóvenes.

3. ¿Sirve de algo realmente ilegalizar la Fundación Francisco Franco si luego grupos políticos asemejados o parecidos al franquismo convocan concentraciones en Ferraz?

Si que sirve. Ilegalizar una fundación que glorifica una dictadura tiene un valor simbólico indiscutible: fija un límite, establece un marco democrático mínimo, recuerda que hubo un régimen ilegítimo sustentado en la represión. Pero el problema es que el neo franquismo sociológico nunca necesitó siglas ni sedes oficiales para sobrevivir, mientras se clausura una fundación, otros actores- más adaptados al ecosistema democrático, más hábiles en el lenguaje y en la puesta en escena-pueden convocar concentraciones frente a Ferraz sin necesidad de reivindicar explícitamente a Franco.

No lo necesitan: les basta con activar los mismos reflejos, las mismas nostalgias difusas, la misma idea de que la legitimidad política es siempre provisional cuando no gobiernan los “propios”. Ahí es donde la medida- como tu dices-  se revela insuficiente. No porque sea inútil, sino porque es parcial. El franquismo no fue solo un régimen; fue una cultura política, una manera de entender la autoridad, el orden y la discrepancia. Y eso no se ilegaliza por decreto. En ese sentido, la ilegalización de la fundación es punto de partida, pero nunca un punto de llegada. Si no va acompañada de una política sostenida de memoria, de educación histórica rigurosa y de una defensa activa de los valores democráticos - no solo en las leyes, sino en el discurso público- corre el riesgo de convertirse en un gesto solo simbólico , mientras el problema real sigue encontrando nuevas formas de expresión. Porque la cuestión de fondo es qué siguen teniendo espacio para hacerlo con normalidad social.

4. ¿ De que trata tu libro “El pan y la cruz”?

El libro analiza cómo el Auxilio Social falangista convirtió la ayuda alimentaria en una herramienta de control social durante la década de 1940 en Galicia. El Auxilio Social fue usado para crear un relato propagandístico  benefactor del poder y un complejo dispositivo de reproducción  de la política social franquista. Apoyado en medidas de presión y coacción, terminó siendo una decisiva herramienta de control social. Pero estas medidas fueron respondidas con muestras de rechazo que no se ajustaron a la imagen propagandística de una Galicia sumisa y colaboradora En Galicia durante los años 40, el hambre y la recristianización sirvieron para coaccionar a los necesitados. Se suministraba comida a cambio de garantizar filiación ideológica hacia los valores del nacionalcatolicismo. El objetivo era la clase trabajadora, el grupo social que más se opuso al golpe de Estado. Los niños y mayores fueron sometidos a control a través de dos asociaciones incluidas dentro del Auxilio Social, se realizaba adoctrinamiento religioso y se imponían pautas de conducta. Se extendió la corrupción: se retiraba comida de los almacenes para venderla en el mercado negro. El sistema llegó a su punto más crítico hacia 1946, coincidiendo con los dos peores años de privación alimentaria y el alza brutal de precios.

En resumen: es un estudio histórico que desenmascara la propaganda del franquismo, mostrando cómo el hambre se utilizó como mecanismo de violencia estructural para imponer obediencia, adoctrinamiento religioso y sumisión política en la Galicia de la posguerra.


5. Eres gallego, de Vigo ¿Es cierto que en Galicia no fue la guerra tan dura como en otras partes de España o la represión fue más silenciosa?

En julio de 1936, el golpe triunfa en Galicia casi sin resistencia organizada. Galicia no fue un territorio de guerra, pero sí de victoria inmediata. No hay batallas prolongadas ni ciudades sitiadas. No hay, por tanto, esa épica bélica que luego alimentaría relatos, monumentos y conmemoraciones. Pero esa “facilidad” inicial abre la puerta a otra lógica: la de la limpieza política sistemática. Sin urgencias militares, la represión puede ser más selectiva, más administrativa y mejor organizada. Y ahí aparece el verdadero rasgo gallego: no tanto una represión menor, sino una represión menos espectacular. Más silenciosa, sí- como tu apuntas- pero no por ello menos eficaz. La ausencia de frente convierte la violencia en rutina, en algo que se administra desde cuarteles, juzgados militares improvisados y redes locales de poder. Se mata menos en combate porque no lo hay, pero se mata mucho en retaguardia. Alcaldes, maestros, sindicalistas, concejales, campesinos organizados… figuras visibles de la vida republicana son eliminadas con rapidez y discreción. No hay grandes cifras concentradas en un solo episodio, sino una suma constante de paseos, detenciones y desapariciones Y ahí aparece un elemento clave que a menudo se pasa por alto: Galicia funciona como un laboratorio temprano de la represión franquista. En ausencia de frente, se ensayan- y se perfeccionan- mecanismos que luego se exportarán al resto del territorio a medida que avance la guerra: depuraciones administrativas, consejos de guerra sumarísimos, incautaciones de bienes, control social a través de redes locales, colaboración activa de élites tradicionales.

Lo que en Galicia se aplica desde el verano del 36, en otras regiones llegará más tarde, ya sistematizado. Lo que sí hubo fue una represión temprana, sostenida y ejemplar en su eficacia, hasta el punto de convertirse en modelo. No es una represión improvisada ni caótica, sino progresivamente organizada. Galicia permite probar que la violencia no necesita del combate para ser eficaz; basta con el control institucional, la complicidad social y la administración del miedo. Además, el peso de las estructuras sociales —la Iglesia, las élites locales, las relaciones de dependencia— facilita que el miedo se integre en la vida cotidiana. No hace falta exhibir constantemente la violencia cuando todos saben que existe. Durante la sublevación militar de julio de 1936 la represión contra la lengua gallega y la cultura galleguista fue inmediata y sistemática. Los golpistas, con el apoyo de la Iglesia, la Falange y las élites conservadoras locales, vieron en el gallego y en el galleguismo no solo un signo de “separatismo” sino una manifestación de atraso que había que extirpar.

6. ¿Qué ocurrió con la lengua gallega y libros escritos en gallego cuando los franquistas tomaron Galicia tras el golpe de estado de 1936?

Los libros y publicaciones en gallego fueron objeto de incautaciones, expurgos y quemas públicas. Las comisiones depuradoras (formadas por falangistas y sacerdotes) retiraron de bibliotecas, centros culturales y domicilios particulares obras de Rosalía de Castro, Curros Enríquez y otros autores del Rexurdimento. Se saquearon bibliotecas como la del Seminario de Estudos Galegos, y se quemaron públicamente volúmenes considerados “antiespañoles”. La editorial Nós, símbolo del galleguismo cultural, fue asaltada y su director Ánxel Casal fusilado en 1936 precisamente por su defensa del idioma y la cultura gallega.

Quema de libros en A Coruña el 19 de agosto de 1936

A partir de ese momento, el gallego fue excluido de todos los ámbitos oficiales, educativos y públicos. Se prohibió su uso en la enseñanza, en la administración y en actos institucionales. En las escuelas, los niños que hablaban gallego eran castigados físicamente (varazos, bofetadas, arrodillarse sobre garbanzos, “la silla del castellano”, etc.). En los seminarios, los castigos podían llegar a cilicios y penitencias prolongadas. Se promovieron campañas con eslóganes como “Habla el idioma del Imperio” y se asoció el gallego con el mundo rural, el atraso y la inferioridad cultural, generando un complejo de inferioridad que llevó a muchos padres a dejar de transmitirlo a sus hijos. Los maestros y funcionarios galleguistas fueron depurados masivamente: suspendidos de empleo y sueldo, inhabilitados o separados definitivamente del servicio por el cargo de “galleguistas”. La censura previa y la autocensura hicieron que la producción literaria en gallego quedara prácticamente paralizada dentro de Galicia. Fue lo que se ha llamado la “longa noite de pedra”. El gallego quedó relegado al ámbito familiar y rural, mientras el castellano se imponía como lengua de prestigio, de la ciudad y del ascenso social. La represión no fue siempre espectacular sino cotidiana, silenciosa y efectiva. Esa es la realidad histórica, documentada en archivos y testimonios. Negarla o minimizarla es negar la evidencia.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


7. ¿Franco realmente ayudo a eliminar el hambre en España como lo venden los franquistas?

No, Franco no eliminó el hambre en España; al contrario su nefasta política económica autárquica  la agravó y prolongó de forma dramática durante la posguerra hasta casi el final de la década de los 50. La narrativa propagandística franquista presentó al Caudillo como salvador de la nación frente al hambre.  Fue un mito muy alejado de la realidad.  Lo históricamente cierto es que España vivió la crisis alimentaria más grave de su historia- solo comparable a la que se produjo en los años 40 del XVII durante el reinado de Felipe IV. No fue una simple “escasez” por los destrozos de la guerra- que, por supuesto, existieron- sino una hambruna propiamente dicha, con picos especialmente graves en 1939-1942 y 1946. Se estima que murieron más de 200.000 personas por desnutrición o enfermedades derivadas de ella - tifus, pelagra, tuberculosis, etc. cuyos datos fueron obligados a ocultar las autoridades sanitarias del momento-  aunque algunas investigaciones elevan la cifra considerablemente . La mortalidad por causas asociadas a la malnutrición se disparó hasta un 250% en algunos periodos respecto a los años 30. Las cartillas de racionamiento, el pan negro, el estraperlo (mercado negro) y la dieta de supervivencia a base de legumbres y sucedáneos marcaron la vida cotidiana de millones de españoles, sobre todo en el sur rural y entre las clase trabajadora  y los vencidos de la guerra. El régimen culpó sistemáticamente a la guerra, al “bloqueo internacional” y a la “pertinaz sequía”. Pero los historiadores hemos desmontado estos argumentos: la principal causa fue la política de autarquía seguida desde 1939.

Cartilla de razonamiento franquismo

Franco y sus ministros - inspirados en modelos fascistas- quisieron una España autosuficiente. Se intervino la economía de arriba abajo: precios fijos, requisas, control del trigo a través del Servicio Nacional del Trigo, prohibición de importaciones… El resultado fue catastrófico: caída brutal de la producción, mala asignación de recursos, corrupción generalizada (los fieles al régimen accedían a alimentos mientras otros pasaban hambre) y un estraperlo ligado a la corrupción que enriqueció a elites falangistas y militares, principalmente. Los  países europeos se recuperaron antes tras la II Guerra Mundial. España, en cambio, aislada por su cercanía al Eje y su régimen autoritario, optó por un modelo que hundió el consumo per cápita por debajo de niveles de preguerra durante más de una década. Los niveles de renta y nutrición de 1935 no se recuperaron hasta bien entrados los años 50. Lo propaganda ultraderechista en redes vende una imagen idílica incluso de la primera etapa de la dictadura ignorando deliberadamente el mercado negro, las epidemias y las miles de muertes por hambre evitables.

El hambre no fue solo consecuencia de la guerra: fue consecuencia de decisiones políticas que priorizaron la autarquía ideológica y el control sobre el bienestar de la población. En resumen, Franco no “eliminó” el hambre: la gestionó, la silenció y la utilizó como elemento de la corrupción para ligar a los corruptos á la suerte de su régimen. La memoria popular de los “años del hambre” no es propaganda roja, sino una experiencia vivida por millones de españoles. La historia rigurosa, basada en archivos y datos demográficos, lo confirma. Cualquier otra interpretación es mitología política.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

8. ¿El relato de los historiadores franquistas ya ha caído?

Hay muchos expertos que consideran que hay que empatizar con las victimas de ambos bandos... No, el relato franquista no ha caído del todo: ha perdido centralidad académica y legitimidad pública, pero sigue vivo en marcos de “equidistancia”, en la banalización del golpe y en la idea cómoda de que todas las violencias pesan igual. Hoy la historiografía  sólida ha desplazado  el lenguaje franquista clásico, que justificaba la violencia del régimen y presentaba la guerra como una “cruzada” o una necesidad histórica. Aun así, persisten usos políticos del pasado que reciclan ese viejo esquema bajo una apariencia más moderada y sentimental Sobre la segunda parte de tu pregunta.  Empatizar con todas las víctimas puede sonar noble, pero se vuelve tramposo cuando convierte una dictadura y una rebelión contra la legalidad republicana en dos dolores simétricos. La memoria de las víctimas merece respeto, sí, pero no al precio de borrar responsabilidades históricas ni de disolver la asimetría entre agresores y agredidos. Hay que recordar que empatía no significa indistinción. Se puede y se debe reconocer el sufrimiento de las víctimas de ambos bandos, pero se puede caer en un riesgo,  que la propaganda derechista está dispuesta a utilizar: caer en la falsa equivalencia que pone al mismo nivel una represión sistemática de Estado y la violencia en un contexto de guerra  de guerra civil y colapso institucional. La tarea del historiador no es estimular la ética de la empatía , sino ordenar los hechos, nombrar a los culpables y evitar que el lenguaje moral sirva para  blanquear  el pasado .

9. Yo personalmente he tenido familia que paso mucha hambre (como muchas familias españolas) y sufrió acoso por sus creencias religiosas en la zona republicana durante la guerra civil. Yo no veo incompatible condenar los asesinatos en la zona republicana con señalar que el franquismo fue infinitamente peor ¿Tu piensas lo mismo?

Los asesinatos en la zona republicana ya han sido abundantemente condenados durante la dictadura. Esa condena formaba parte de una propaganda que buscaba legitimar a la dictadura mediante su victoria en la guerra civil. Condenarlos ahora es una demanda de Vox para dar legitimidad a sus llamadas leyes de “ concordia”, que no son ni más ni menos que una estrategia política  para desactivar las leyes de memoria. Además  esa condena forma parte de un artificio de simetría —como si dos violencias de naturaleza, tiempo de duración, escala y finalidad distintas pudieran pesarse en la misma balanza. Eso ya no es memoria, es política disfrazada de equidistancia. Porque el franquismo no fue únicamente “más violento” en términos cuantitativos, que lo fue; fue cualitativamente distinto. No hablamos de una violencia desbordada en el contexto de un colapso estatal, sino de un proyecto consciente, sistemático y prolongado de aniquilación del adversario político, institucionalizado durante décadas. Donde en la retaguardia republicana hubo, en gran medida, caos, descontrol y violencia revolucionaria que el propio gobierno trató —con éxito desigual— de contener, en el bando franquista hubo planificación, jerarquía y voluntad de exterminio desde el primer momento. El problema no es condenar ambas violencias; el problema es fingir que son equivalentes para extraer de ahí una absolución de la dictadura. Es una  operación que busca neutralizar el conocimiento histórico. En conclusión: equiparar  esta violencias distintas aunque parezca necesidad ética y ejercicio de rigor histórico no es no una cosa ni otra

10. ¿Las leyes de memoria histórica se quedan cortas?

Sí, las leyes de memoria - tanto la de 2007 como la de Memoria Democrática de 2022- se quedan manifiestamente cortas. Son pasos parciales  e insuficientes para abordar la magnitud de la violencia franquista y la deuda histórica que España arrastra con las víctimas. No resuelven lo esencial: verdad plena, justicia efectiva y reparación integral. Y esto es una conclusión que surge de la comparación con estándares internacionales de justicia transicional Tienen de positivo que reconocen a las víctimas, facilitan la exhumación de fosas, impulsan la retirada de símbolos franquistas (aunque con resistencias y lentitud), declaran la ilegitimidad del golpe de 1936 y del régimen, y promueven cierta pedagogía democrática. En Galicia, por ejemplo, han permitido avanzar en la localización de desaparecidos y en la dignificación de algunos espacios. Pero en cambio sus carencias son mayores. No se deroga la Ley de Amnistía de 1977 ni se remueven los obstáculos jurídicos (prescripción, legalidad retroactiva) que impiden investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad del franquismo. Miles de ejecuciones extrajudiciales, torturas sistemáticas, robos de bebés, trabajos forzados y expolios quedan fuera del alcance penal. Esto contrasta con lo ocurrido en Argentina, Chile o incluso en otros países europeos. Mantener la impunidad no es “reconciliación”: es prolongar el triunfo de los verdugos.

Ánxel Casal

En segundo lugar. No hay declaración de ilegalidad radical del franquismo. Se habla de ilegitimidad, pero no se anulan en bloque las sentencias de los tribunales militares, los consejos de guerra sumarísimos ni las depuraciones masivas. Esas sentencias siguen, en gran medida, formalmente vigentes o sin revisión plena. En tercer lugar la ley no contempla el acceso total a los archivos. La Ley de Secretos Oficiales de 1968 sigue protegiendo documentación clave. La desclasificación es lenta y condicionada. Sin archivos abiertos no hay verdad histórica completa: Otra carencia de la actual ley es la búsqueda de desaparecidos depende demasiado de la iniciativa familiar y asociativa, y no se toca el expolio económico (bienes incautados, multas de guerra, etc.). Otro aspecto carencial y negativo de la legislación memorialistica española es su implementación frágil y reversible. Su implementación depende  de mayorías políticas. La ley no ha tenido una implantación de ley orgánica para impedir que los Gobiernos autonómicos de derechas derogaran  leyes autonómicas o las sustituyan  por “leyes de concordia” que equiparan bandos y blanquean la dictadura.

Eso demuestra que estas leyes estatales no han enraizado lo suficiente en el ordenamiento ni en la conciencia colectiva. En definitiva, estas leyes son un parche tardío y mediatizado por el miedo a “reabrir heridas” La Transición optó por el olvido institucional; estas normas intentan corregirlo a medias, pero sin cuestionar de raíz el pacto de silencio. Mientras no haya una nulidad radical de las condenas franquistas, investigación judicial independiente y pedagogía histórica obligatoria y rigurosa seguiremos siendo una democracia de baja intensidad en materia de memoria.


11. Has escrito muchos artículos, hay una que me llama la atención ¿Por que el franquismo persiguió tanto la masonería y la demonizo?

La masonería no fue un odio marginal en el franquismo : fue uno de los pilares ideológicos y represivos del régimen. El franquismo convirtió a la masonería en el enemigo perfecto: un “contubernio judeo-masónico-bolchevique” que explicaba, según su lógica, todos los “males” de España desde el siglo XVIII. Franco, gran lector de Juan Tusquets (jesuita propagandista antimasón), interiorizó esta teoría conspirativa. La masonería representaba todo lo que el régimen rechazaba: liberalismo, laicismo, tolerancia, cosmopolitismo y defensa de la libertad de conciencia. Se la acusaba de orquestar la pérdida del imperio, la caída de la monarquía, la República y, por supuesto, la “subversión roja”. Esta narrativa no nació con la guerra: se cultivó intensamente durante la Segunda República por la prensa católica (ABC, El Debate, Gracia y Justicia, etc.), inspirada en los falsos Protocolos de los Sabios de Sión. Se presentaba a la República como “hija de la masonería”, manipulada por logias extranjeras para destruir la Iglesia y la unidad de España. Figuras como Gil Robles  la usaron para movilizar electoralmente  a las derechas en su exitosa campaña de 1933 . Una vez iniciada la sublevación de 1936, esa propaganda se integró sin ninguna modificación  en el discurso propagandístico  de la “cruzada”.

Desde los primeros días del golpe, las logias fueron asaltadas, sus archivos incautados y sus miembros perseguidos. La Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de marzo de 1940 fue el instrumento clave en esta persecución . Creó un Tribunal Especial (activo hasta 1963) que incoó miles de expedientes (más de 27.000), condenó a casi 9.000 personas y aplicó penas durísimas: inhabilitación perpetua, prisión de hasta 30 años, incautación de bienes. Tenía carácter retroactivo, violaba principios básicos del derecho (presunción de inocencia, defensa efectiva) y funcionaba con delaciones anónimas y sesiones secretas. En todo el país, esto se tradujo en depuraciones de funcionarios, maestros y profesionales sospechosos de “ideas disolventes”. La delación se promovió como acto de lealtad al régimen; incluso se ofrecía a los propios masones rebajar penas si delataban a compañeros. La Iglesia colaboraba concediendo retractaciones de “errores de fe”. El resultado fue un clima de terror, sospecha y aislamiento social que duró décadas. La masonería, aunque numéricamente reducida, simbolizaba el enemigo interno moderno: ilustrado, secreto, transnacional. Permitía al régimen mantener viva la amenaza incluso después de ganar la guerra, justificar el aislamiento internacional y cohesionar a sus apoyos (Iglesia, Falange, militares) bajo una narrativa común de salvación de la Patria y la Fe. Fue, en definitiva, una herramienta de control social y legitimación ideológica del “Nuevo Estado”.